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El Informe de Resultados 2006 sobre las “Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias”, realizado por PREDIF, destaca los ámbitos principales en los que estas personas requieren ayuda. Así, considera necesaria la atención en los desplazamientos, la limpieza del hogar y las compras, y la mejora de la atención sanitaria e inserción laboral. “Aunque un 83,1% de las personas con discapacidad se encuentra en edad laboral, un 63% no ha trabajado tras adquirir la discapacidad y tan sólo un 13% se encuentran trabajando en la actualidad”, señala.

En concreto, el informe se centra en personas con un porcentaje de minusvalía igual o superior al 75%, con necesidad de utilizar silla de ruedas y realizar adaptaciones en la vivienda. Este grupo reside habitualmente en el hogar familiar, en su mayoría son hombres (70%) solteros, con estudios primarios (35,5%), pensionistas por incapacidad (65%) y unos ingresos familiares entre 901 y 1.200 euros al mes. En cuanto al perfil de los familiares o cuidadores, se corresponde con una mujer, generalmente, la madre o la esposa. En la mayoría de los casos, las personas discapacitadas carecen de apoyos profesionales continuados, sólo un 16% se beneficia del servicio de ayuda a domicilio, por lo que son los familiares quienes han de encargarse de su cuidado y atención.

A pesar de que casi un 40% de las personas con discapacidad requiere atención sanitaria adicional, una cuarta parte de los municipios analizados carece de centro de salud y, los que existen, presentan ciertos problemas de accesibilidad o resulta complicado llegar a ellos en transporte público adaptado. Por otro lado, la accesibilidad a los colegios es francamente mejorable, aunque dos tercios de las personas con discapacidad (60%) necesitan adaptaciones parciales o totales en la accesibilidad arquitectónica y urbanística.

Como consecuencia de estas circunstancias, la exclusión social es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. El estudio del CERMI refleja que quienes residen en zonas rurales presenta unos índices de inclusión social “muy inferiores” a los de las personas con discapacidad que viven en entornos urbanos. Por ello, aboga por políticas activas “que conecten el desarrollo rural y la discapacidad”.

Como principales líneas de actuación propone actuaciones dirigidas a reducir las limitaciones del entorno, la disponibilidad de transporte público adaptado, el acceso a Internet, viviendas y entornos accesibles, fomento de la participación en actividades sociales, culturales y de ocio, consideración de la perspectiva de género, y propuestas para combatir el aislamiento. Por otro lado, considera imprescindible el acceso a la información de las personas con discapacidad y sus familias, para que conozcan, entre otras, las medidas de apoyo para la adaptación de viviendas y otras ayudas a la dependencia.

“La falta de información sobre la discapacidad y las opciones reales de integración de las personas que las presentan, influyen en muchos casos para que las familias piensen que la mejor alternativa para ellos es permanecer en el hogar”, recoge el informe. De hecho, las conclusiones van más allá y aseguran que muchas de las personas con discapacidad del mundo rural “tienen miedo a perder la pensión que perciben de la Administración y, por eso, se resignan a su propio aislamiento sin conocer siquiera sus opciones formativas o laborales”.

Un artículo publicado en Consumer

Continuación del artículo anterior….

La limitación de recursos favorece la invisibilidad y aislamiento de un millón de personas con discapacidad

Mejorar la accesibilidad en el medio rural es todavía hoy un reto. En total, un millón de personas con discapacidad se enfrentan cada día en este ámbito a la escasez de servicios profesionales. La falta de infraestructuras accesibles, la dispersión y la limitación de recursos favorece la invisibilidad de este grupo, que ve mermada su calidad de vida. Las principales líneas de actuación van dirigidas a superar estos obstáculos y poner al alcance de las personas con alguna minusvalía toda la información necesaria para conocer de primera mano las opciones reales de integración.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de agosto de 2008

Principales barreras


– Imagen: hireen

El medio rural es el último de la lista. Aunque cada vez se dan más pasos para conseguir una accesibilidad plena en este ámbito, algunas zonas carecen casi por completo de recursos que faciliten las condiciones de vida a las personas con discapacidad o dependientes. Según la guía elaborada por el Equipo ACCEPLAN del Institut Universitari d’Estudis Europeus “Accesibilidad universal en los municipios: guía para una política integral de promoción y gestión”, las principales barreras son:

  • Culturales y sociales, con componentes de “compasión y estigmatización” hacia las personas con discapacidad.
  • Vinculadas al entorno urbano, de manera que impiden la “utilización, acceso o disfrute” a determinados edificios.
  • Vinculadas al transporte y sistema de movilidad, especialmente, al transporte público diseñado en función de los valores antropométricos y funcionales de “normalidad”.
  • Vinculadas a la interacción con el entorno y la utilización de las nuevas tecnologías.

Las personas con discapacidad que residen en el ámbito rural se sienten, a menudo, aisladas. La limitación en la disponibilidad de recursos acentúa la necesidad del autocuidado y el papel de la familia en la atención a este grupo. Precisamente, la Fundación Educación, Sociedad y Salud desarrolla el proyecto “Paciente Experto”, cuyo objetivo es promover el autocuidado de la salud. Este programa, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), está dirigido a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales. La propia Organización Mundial de la Salud “recomienda la educación en el autocuidado para prevenir y tratar las enfermedades crónicas”, recuerda la Fundación.

A través de esta iniciativa, pionera en España pero implantada hasta el momento en más de 20 países extranjeros, se imparten cursos gratuitos para especializarse en la atención a personas con enfermedades de larga duración.

Un millón de personas

El estudio “La discapacidad en el medio rural”, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), revela que en el medio rural residen un millón de personas con discapacidad. Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), este grupo supone el 11,7% de la población mayor de seis años, si bien en el caso de las personas mayores de 65 años la cifra se eleva hasta el 34,3%.

Entre las desventajas que detecta el citado informe, las más importantes hacen referencia al entorno, la telefonía, el acceso a Internet, la participación en actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio, el asociacionismo, la perspectiva de género, el acceso a ayudas técnicas y la propia atención a la dependencia. Al igual que otros estudios, esta investigación llama la atención sobre la inaccesibilidad del terreno y las infraestructuras, la “dispersión” del modelo residencial y la lejanía a los servicios, la “invisibilidad” que surge como consecuencia del aislamiento, la limitación de recursos y la falta de servicios y oportunidades, tanto económicas como sociales, donde se encuentran diferencias “a favor de los municipios de costa y municipios turísticos del interior”.

Se aprecian diferencias “a favor de los municipios de costa y municipios turísticos del interior”

El estudio, realizado por Javier Charroalde y Daniel Fernández, destaca también la despoblación paulatina a la que se enfrentan cada vez más núcleos rurales, la desatención “total” de la población discapacitada o la existencia de “servicios claramente insuficientes”, la carencia de transporte público adaptado, especialmente taxis, y la imposibilidad de acceso a Internet, que se une a “zonas de sombra” en las que la telefonía móvil carece de cobertura.

Además, se analizan las condiciones de la vivienda rural tradicional, generalmente, poco preparada para garantizar la movilidad de las personas con limitaciones; la pasividad en la participación en actividades sociales y culturales; la “triple discriminación” a la que se enfrentan algunas mujeres por el hecho de “ser mujer, presentar una discapacidad y vivir en zonas de difícil acceso a los servicios”; la falta de equipos multiprofesionales más cercanos a la población rural y protocolos específicos de seguimiento de las personas con discapacidad; la accesibilidad “irregular” en los centros educativos, la dificultad de acceso a las ayudas técnicas; y la ausencia de servicios especializados y apoya a la vida independiente.

 

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