El Informe de Resultados 2006 sobre las “Necesidades en el medio rural de las personas con gran discapacidad física y sus familias”, realizado por PREDIF, destaca los ámbitos principales en los que estas personas requieren ayuda. Así, considera necesaria la atención en los desplazamientos, la limpieza del hogar y las compras, y la mejora de la atención sanitaria e inserción laboral. “Aunque un 83,1% de las personas con discapacidad se encuentra en edad laboral, un 63% no ha trabajado tras adquirir la discapacidad y tan sólo un 13% se encuentran trabajando en la actualidad”, señala.

En concreto, el informe se centra en personas con un porcentaje de minusvalía igual o superior al 75%, con necesidad de utilizar silla de ruedas y realizar adaptaciones en la vivienda. Este grupo reside habitualmente en el hogar familiar, en su mayoría son hombres (70%) solteros, con estudios primarios (35,5%), pensionistas por incapacidad (65%) y unos ingresos familiares entre 901 y 1.200 euros al mes. En cuanto al perfil de los familiares o cuidadores, se corresponde con una mujer, generalmente, la madre o la esposa. En la mayoría de los casos, las personas discapacitadas carecen de apoyos profesionales continuados, sólo un 16% se beneficia del servicio de ayuda a domicilio, por lo que son los familiares quienes han de encargarse de su cuidado y atención.

A pesar de que casi un 40% de las personas con discapacidad requiere atención sanitaria adicional, una cuarta parte de los municipios analizados carece de centro de salud y, los que existen, presentan ciertos problemas de accesibilidad o resulta complicado llegar a ellos en transporte público adaptado. Por otro lado, la accesibilidad a los colegios es francamente mejorable, aunque dos tercios de las personas con discapacidad (60%) necesitan adaptaciones parciales o totales en la accesibilidad arquitectónica y urbanística.

Como consecuencia de estas circunstancias, la exclusión social es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. El estudio del CERMI refleja que quienes residen en zonas rurales presenta unos índices de inclusión social “muy inferiores” a los de las personas con discapacidad que viven en entornos urbanos. Por ello, aboga por políticas activas “que conecten el desarrollo rural y la discapacidad”.

Como principales líneas de actuación propone actuaciones dirigidas a reducir las limitaciones del entorno, la disponibilidad de transporte público adaptado, el acceso a Internet, viviendas y entornos accesibles, fomento de la participación en actividades sociales, culturales y de ocio, consideración de la perspectiva de género, y propuestas para combatir el aislamiento. Por otro lado, considera imprescindible el acceso a la información de las personas con discapacidad y sus familias, para que conozcan, entre otras, las medidas de apoyo para la adaptación de viviendas y otras ayudas a la dependencia.

“La falta de información sobre la discapacidad y las opciones reales de integración de las personas que las presentan, influyen en muchos casos para que las familias piensen que la mejor alternativa para ellos es permanecer en el hogar”, recoge el informe. De hecho, las conclusiones van más allá y aseguran que muchas de las personas con discapacidad del mundo rural “tienen miedo a perder la pensión que perciben de la Administración y, por eso, se resignan a su propio aislamiento sin conocer siquiera sus opciones formativas o laborales”.

Un artículo publicado en Consumer

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